El Gobierno de Javier Milei dio este jueves un paso decisivo en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que abastece de agua potable y presta servicios cloacales a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó la oferta más alta, de 340,2 millones de dólares, y quedó encaminado a quedarse con el 90% de las acciones de la compañía, que volverá a manos privadas después de dos décadas.
La propuesta ganadora superó los 285 millones de dólares ofrecidos por el grupo Roggio, el otro competidor que había llegado a la instancia final de la licitación. La diferencia fue de 55,2 millones de dólares, casi un 20%, aunque ambas ofertas quedaron por debajo de los aproximadamente 450 a 500 millones que el Ministerio de Economía esperaba obtener por la operación.
De todas maneras, la transferencia todavía no está concretada. La oferta deberá atravesar la revisión final de la Comisión de Evaluación y completar el procedimiento administrativo correspondiente antes de la adjudicación definitiva.
Detrás del consorcio ganador aparecen dos empresarios argentinos con negocios vinculados a la infraestructura y los servicios públicos: Walter Román, propietario de Rowing SA, y Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, una de las principales fabricantes de cloro del país y proveedora de productos químicos utilizados por AySA para potabilizar el agua.
Filiberti, conocido en el ámbito empresarial como el “Rey del Cloro”, también participa junto a José Luis Manzano y Daniel Vila en el control de Edenor, la distribuidora eléctrica que abastece a buena parte de la zona norte del conurbano. Esta vinculación cobra especial relevancia porque AySA es uno de los principales consumidores de electricidad del Área Metropolitana y un importante cliente de esa compañía.
El consorcio se completa con Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al grupo brasileño Equipav, y PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos. La firma brasileña tendrá a su cargo la operación técnica del servicio y cuenta con experiencia en la provisión de agua y saneamiento para más de 39 millones de personas en distintos municipios de Brasil.
El acuerdo contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla durante una década adicional. El 10% de las acciones que no está incluido en la privatización permanecerá en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El cambio de administración está previsto para los primeros meses de 2027, una vez completados los trámites de adjudicación y transferencia.
Uno de los principales interrogantes para los usuarios es qué sucederá con las facturas de agua y cloacas. El esquema previsto para el primer período de concesión, comprendido entre 2027 y 2031, no contempla un incremento general de las tarifas en términos reales, aunque sí habilita actualizaciones vinculadas a la evolución de los costos y al cumplimiento de determinados objetivos de calidad.
Esto significa que las facturas podrán seguir aumentando nominalmente, aunque el contrato establece mecanismos para regular esos ajustes. También contempla un factor de corrección anual que podrá modificar las tarifas según el desempeño de la empresa en la prestación del servicio.
La revisión tarifaria integral se realizará durante el cuarto año del primer ciclo, cuando el concesionario deberá acordar con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) las condiciones económicas y las inversiones correspondientes al período siguiente.
Por otra parte, se mantendrá la tarifa social que actualmente beneficia a unos 160.000 usuarios. Según los últimos datos disponibles, AySA cuenta con aproximadamente 3,8 millones de usuarios en su área de cobertura.
En materia de inversiones, el consorcio ganador aseguró que asumirá compromisos por 1.940 millones de dólares durante los primeros cinco años y por 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión. El esquema oficial para el período 2027-2031 contempla obligaciones de inversión y ejecución superiores a los 2.000 millones de dólares, destinadas a obras, mantenimiento y mejoras operativas.
El plan inicial establece desembolsos por 2,89 billones de pesos, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. De ese total, aproximadamente 1,13 billones corresponden a obras de infraestructura, 1,15 billones a mantenimiento, 315.761 millones a mejoras y 296.166 millones a tareas operativas.
Las metas de expansión también forman parte del contrato. Para 2031, el objetivo es alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Hacia el final de los 30 años, esos porcentajes deberán superar el 90% y llegar al menos al 75%, respectivamente.
El desafío es particularmente importante para el conurbano bonaerense, donde todavía existen barrios y localidades sin acceso a las redes de agua corriente y saneamiento. La extensión de esos servicios y el mantenimiento de la infraestructura existente serán dos de las principales obligaciones del nuevo operador.
Otro aspecto que genera incertidumbre es el futuro de los empleados. El contrato no establece una garantía de mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo actuales, aunque los convenios laborales existentes continuarán vigentes. La empresa pasó de aproximadamente 7.700 trabajadores a 5.890 durante el proceso de reestructuración previo a la privatización.
Desde el Ministerio de Economía defendieron la decisión con duras críticas a la administración estatal de AySA. En un comunicado oficial, la cartera que conduce Luis Caputo calificó a la compañía como “un modelo de disfunción administrativa” y sostuvo que entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares.
El Gobierno también señaló que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42%, que la morosidad aumentó del 4% al 16% y que los costos operativos crecieron un 80%. Con esos argumentos, la administración libertaria considera que el ingreso de capitales privados permitirá mejorar la eficiencia de la empresa y financiar la expansión del servicio.
Sin embargo, la privatización también vuelve a poner en discusión la experiencia argentina con la gestión privada del agua. Durante la década de 1990, el gobierno de Carlos Menem había transferido la prestación a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió aquella concesión en medio de cuestionamientos por incumplimientos contractuales, inversiones pendientes y problemas en la calidad del servicio.
A partir de entonces se creó AySA, que permaneció bajo control estatal durante 20 años.
La nueva privatización representa así uno de los cambios más importantes en la administración de servicios públicos impulsados por el gobierno de Milei. Más allá de los 340,2 millones de dólares que recibirá el Estado por la venta de sus acciones, el verdadero impacto de la operación se medirá en los próximos años, cuando el nuevo concesionario deba demostrar si puede mejorar el servicio, ampliar las redes y cumplir con las inversiones comprometidas sin trasladar costos excesivos a los usuarios.
