La Diputada Nacional Teresa Garcia denunció al intendente de San Isidro Gustavo Posse por abuso de autoridad y restricción ilegítima de libertades personales a vecinos del distrito; la presentación fue realizada la semana pasada ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, acompañando las denuncias públicas que organizaciones sociales vienen realizando en relación a los actos de violencia institucional ejercidos sobre vecinos de distintos barrios, con el fin de restringir ilegítimamente el ingreso de materiales de construcción.
La diputada, actual presidenta del Partido Justicialista de San Isidro explicó que a raíz de las inundaciones la demanda de materiales para reparación de viviendas registró un significativo aumento en los barrios más humildes del distrito: “Posse, que negó oficialmente las inundaciones en San Isidro y privó a los vecinos de los subsidios del Estado Nacional y Provincial, utiliza los patrulleros municipales y las cámaras de seguridad para impedirle a los vecinos que puedan ingresar materiales para reparar sus viviendas, sin una orden judicial ni otra reglamentación que justifique este procedimiento”.
La denuncia solicita la intervención de Defensor del Pueblo a fin de que investigue las irregularidades y abusos ejercidos por funcionarios del programa de Cuidados Comunitarios, la policía bonaerense y otras dependencias Municipales. Tambiín se denuncias aprietes a los comercios de la zona, que bajo amenaza de clausura, se le impide la venta a vecinos de los barrios humildes. “Claramente los hechos muestran que estamos frente a una conducta estatal ejercida por el Sr. Intendente de San Isidro y los jefes de las departamentales de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que podría constituir i) Delito de Abuso de Autoridad; ii) Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público; iii) Apremio Ilegal; iv) Restricción Ilegítima de la Libertad; vi) Discriminación Legal directa sobre los vecinos de los asentamientos urbanos; vii) Procedimiento no regulado por una norma legal válida”, señala la denuncia presentada por la diputada Garcia.
“El municipio gasta buena parte de los impuestos que pagan los vecinos en cámaras de seguridad y patrullajes que no han bajado ni un punto la tasa de delitos, pero si son utilizados para este tipo de prácticas. Se controla el ingreso de materiales y no se controla el negocio de la droga”, afirmó Garcia quien concluyó: “El Estado Nacional destinó en los últimos años más de $400 millones para la urbanización de asentamientos en San Isidro. Por desidia, mala ejecución y corrupción, ese presupuesto no ha impactado en la realidad de los barrios mas humildes".
Fuente: www.zonanortediario.com.ar