Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) difundieron un documento conjunto en el que manifestaron su “pleno rechazo” al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y convocaron “a las distintas fuerzas políticas a votar en contra” cuando la iniciativa sea tratada en la Cámara de Diputados.
El texto, titulado Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una Argentina productiva y con justicia social, fija una postura política clara en la antesala del debate parlamentario. Allí los mandatarios plantean que la Argentina necesita actualizar su legislación frente a los cambios “tecnológicos, productivos y sociales”, pero advierten que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones”, sino que debe apuntar a “reconocer nuevas garantías” en un mercado de trabajo más dinámico e inestable.
En ese sentido, cuestionaron que la propuesta oficial, presentada como una modernización, “debilita derechos individuales y colectivos” y remarcaron que no se oponen a discutir transformaciones en abstracto, sino “este paquete”, al que consideran regresivo. “No moderniza, precariza”, sintetizaron en el documento.
Los gobernadores también pusieron en duda que la reforma vaya a generar empleo genuino. Según señalaron, podría “facilitar despidos”, “bajar estándares de protección” y “trasladar riesgos hacia los trabajadores”. En particular, manifestaron su preocupación por mecanismos que permitirían reducciones salariales o limitaciones de derechos ante situaciones de enfermedad.
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es el planteo federal. Kicillof, Melella, Insfrán, Zamora, Quintela y Ziliotto calificaron la iniciativa como “profundamente antifederal” y advirtieron que impacta sobre las economías regionales “sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales”.
En el tramo final, defendieron el sistema de derechos sociales y laborales “construido a lo largo de décadas” y sostuvieron que la modernización debe servir para “ampliar derechos”, fortalecer la producción y promover empleo formal de calidad. Con este posicionamiento, los seis gobernadores buscan incidir de manera directa en la discusión que se dará en Diputados y ordenar al peronismo detrás de una postura común frente a la reforma laboral.
