El vicepresidente 1° del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Mario Alberto Ishii, ingresó este lunes un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio provincial. La iniciativa propone que la medida se extienda por un plazo de 18 meses, buscando dar una respuesta institucional urgente ante el agravamiento del hambre y la desigualdad en la región.
El eje central de la propuesta es la obligación del Estado provincial de garantizar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente para las personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, el senador reclama que el Poder Ejecutivo reasigne partidas presupuestarias bajo criterios de “estricta prioridad social”, dándole preeminencia al plato de comida sobre otros gastos.
Ishii fundamentó que, en situaciones de crisis, el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resulten esenciales para la vida cotidiana. “El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas”, enfatizó el legislador al explicar la necesidad de mover fondos de áreas no críticas hacia la asistencia directa.
El articulado de la ley instruye un incremento inmediato de las partidas para comedores escolares, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y merenderos comunitarios. Además, establece una actualización bimestral automática de estos montos basada en el índice de precios al consumidor (IPC) para proteger el poder de compra frente a la inflación.
Para asegurar la transparencia y el control de los fondos, el proyecto prevé la creación de una Comisión Bicameral en el ámbito de la Legislatura. Este organismo, integrado por senadores y diputados, deberá recibir informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria, el alcance de los programas y los indicadores nutricionales alcanzados.
El diagnóstico que acompaña la iniciativa destaca el cierre de más de 33.500 pymes y comercios, con un impacto particularmente intenso en la provincia de Buenos Aires. También menciona que el 91,7% de las familias argentinas se encuentra endeudada, mayoritariamente para cubrir la compra de alimentos básicos.
Finalmente, el legislador apeló al deber jurídico del Estado de intervenir ante la regresión de los derechos sociales. El proyecto busca generar un consenso político para que la asistencia alimentaria sea el eje rector del presupuesto, garantizando que el auxilio llegue de manera equitativa a los municipios más afectados.