El Gobierno nacional comenzó a avanzar en el Senado con un proyecto de ley que propone una profunda reforma del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral y, al mismo tiempo, modifica el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, apunta a revisar y depurar el padrón de beneficiarios, pero desde la oposición advierten que también abre la puerta a una desregulación de los aranceles que podría derivar en una fuerte reducción de coberturas.
La propuesta empezará a ser debatida en la Cámara alta en las próximas semanas. Allí, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para garantizar su aprobación, aunque algunos sectores aliados ya hicieron saber sus reparos por el alcance de los cambios.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la revisión total de las pensiones no contributivas por invalidez. La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a realizar un reempadronamiento de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con la posibilidad de extenderlo otros 30 días.
Durante ese período, quienes perciban una pensión deberán actualizar su información médica y socioeconómica. En caso de no completar el trámite, el beneficio será suspendido de manera inmediata hasta que se regularice la situación.
El texto mantiene el monto actual de la pensión, equivalente al 70% de la jubilación mínima, pero endurece los requisitos para acceder y conservar el beneficio. A partir de la reforma, sólo podrán cobrarla quienes acrediten una invalidez total y permanente, además de una situación de vulnerabilidad económica.
También se establece una incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier tipo de empleo formal. De aprobarse la iniciativa, no podrán percibir la prestación quienes trabajen en relación de dependencia, estén inscriptos como monotributistas o sean autónomos.
Desde el Gobierno justifican la medida en la necesidad de combatir irregularidades. En los fundamentos del proyecto sostienen que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez se multiplicó por 16, al pasar de 76 mil beneficiarios a 1,2 millones. Según la argumentación oficial, parte de ese crecimiento se explica por casos de incompatibilidades, beneficios otorgados sin cumplir los requisitos o incluso domicilios inexistentes.
Sin embargo, el mayor rechazo opositor se concentra en otro tramo de la reforma: el que modifica el sistema de aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad.
Actualmente, la Superintendencia de Servicios de Salud fija un nomenclador nacional con valores obligatorios para cada prestación. Sobre esa base, obras sociales y empresas de medicina prepaga deben cubrir tratamientos, terapias, transporte, acompañantes terapéuticos e instituciones.
El proyecto elimina ese esquema y habilita a que cada obra social o prepaga acuerde libremente los valores de las prestaciones. Desde Unión por la Patria y distintas organizaciones del sector advirtieron que esto puede derivar en una baja de los aranceles y, en consecuencia, en una reducción de la oferta de servicios y coberturas.
Según denuncian, la desregulación podría repetir la crisis que atravesó el sector durante 2025, cuando el congelamiento de los valores de las prestaciones dejó al borde del colapso a transportistas, centros terapéuticos y profesionales de discapacidad.
Aquella situación se produjo luego de que los aranceles permanecieran sin actualización desde octubre de 2024. El conflicto derivó en protestas y en la aprobación, por parte de la oposición, de una ley de emergencia en discapacidad que estableció un mecanismo de compensación e indexación automática.
Ahora, el nuevo proyecto del Gobierno amenaza con volver a desarmar ese sistema y reabre un fuerte conflicto político y social en torno a las pensiones y las prestaciones para personas con discapacidad.